La federación nacional española de empresas del sector del software libre (ASOLIF) ha emitido un comunicado instando al Ministerio de Educación y a las Consejerías responsables de las Comunidades autónomas a dotar de sistemas y aplicaciones libres a los equipos que se adquieran para centros educativos bajo el programa gubernamental Escuela 2.0. ASOLIF justifica la petición en base a cinco criterios económicos, tecnológicos, educativos, empresariales y legales, así como a los «innumerables efectos negativos» que a su juicio el software privativo ofrece.
La elección de sistemas operativos y aplicaciones propietarias para gobernar los ordenadores portátiles que se entregarán a estudiantes de primaria y secundaria bajo el proyecto Escuela 2.0, está levantando amplias en la Red, especialmente entre la comunidad del software de código abierto.
Tras las críticas del mismísimo Stallman, la figura más relevante del movimiento por el software libre, que llegó a pedir a Zapatero ”que no vendiera España a Microsoft”, la patronal del sector en España ha emitido un comunicado con las consideraciones que le llevan a solicitar la instalación de este tipo de software.
Entre ellas destacan el ahorro económico en licencias, el fomento de la inversión y el servicio local, el aumento de vida útil de los equipos, la coexistencia con otras plataformas gracias al cumplimiento de estándares abiertos, la compatibilidad con cualquier entorno o arquitectura de red, el rendimiento en los portátiles de bajo coste, la independencia tecnológica, la posibilidad de cooperación entre Comunidades Autónomas o los aspectos legales que plantea el software propietario con numerosas restricciones.
“La utilización de software libre a gran escala no sólo ahorra costes sino que permite aumentar drásticamente la capacidad de la Administración para establecer políticas tecnológicas con fines educativos propias”, explican, por lo que proponen a las diferentes CC.AA., así como al Ministerio de Educación y Ciencia, “que los equipos que se adquieran para centros educativos incorporen únicamente escritorios y aplicaciones libres” y a la “elaboración de pliegos de licitación relacionados con materias informáticas, incluidos los relativos a Escuela 2.0, a que cumplan estrictamente con el marco legislativo vigente en España y la Unión Europea en materia de contrataciones públicas, interoperabilidad y neutralidad tecnológica”.
