Increíble lo que nos cuentan desde MuyComputer: un grupo de presión política en Estados Unidos está tratando de hacer que el gobierno de este país considere el uso del Open Source como una acción de piratería. De hecho, animan a vigilar a países como India, Brasil o Indonesia por ese uso de software Open Source, poniéndoles en el punto de mira de una lista especial creada para observar este tipo de actividades. La petición proviene, cómo no, de organizaciones como la MPAA o la RIAA, que protegen los derechos de autor y vuelven a confundirse.
Andrés Guadamuz, profesor de Derecho en la Universidad de Edimburgo, ha descubierto un hecho singular: el grupo de presión International Intellectual Property Alliance (IIPA) -del que son socios la MPAA y la RIAA, dos organismos muy afines en su cometido a la SGAE en España- está pidiendo al gobierno de EE.UU. que considere, básicamente, que el Open Source es equivalente a la piratería. Asombroso.
Como explican en The Guardian, este organismo pide que países como Indonesia, Brasil o India entren a formar parte de una «Lista de vigilancia especial 301» por su uso de software Open Source. Esta lista examina «lo adecuado y la eficiencia de los derechos de propiedad intelectual» en todo el planeta, y de hecho registra aquellos países que Estados Unidos considera como «enemigos del capitalismo».
Es cierto que el Open Source tiene cierta tendencia a ser relacionado con países con ideales más liberales, pero esto no es más que una consecuencia del mercado libre: la competencia permite que las soluciones Open Source sean una alternativa especialmente interesante a países que buscan formas de reducir costes, y el FLOSS ofrece dicha posibilidad.
De hecho, hay numerosos países en los que se ha legislado sobre la adopción de Software Libre y Open Source, y eso daña los intereses de compañías americanas como Microsoft, pero es que como ha descubierto Guadamuz, ni siquiera es necesario que haya legislación sobre el uso de soluciones Open Source para que los países entren en esa lista. Basta con una recomendación.
En The Guardian analizan el caso de Indonesia, que el año pasado recomendaba el uso de soluciones Open Source a diversos organismos gubernamentales, pero no imponía su uso. Curiosamente, esto ha sido comparado con las propias recomendaciones del gobierno británico, que también recomendó su implantación gradual -aunque eso no haya significado nada en la práctica-.
Sin embargo, la IIPA cree que Indonesia debería entrar en la lista especial 301 porque animar a la adopción de soluciones Open Source «debilita la industria del software» y «fracasa a la hora de desarrollar el respeto por los derechos de propiedad intelectual«.
El artículo original acierta en su análisis: la declaración de la IPAA no solo se olvida de que hay empresas y negocios totalmente desarrollados entorno al Open Source (Red Hat, Novell, Canonical, WordPress, por ejemplo), pero va más allá sugiriendo que el uso del Open Source mina la propiedad intelectual.
Sobre todo, cuando precisamente lo que hace el Open Source es reforzarla: las licencias del Software Libre y el Open Source están precisamente destinadas a proteger esos derechos, pero de forma que ese código y esos desarrollos beneficien a toda la comunidad de usuarios.
Una muestra más de la ceguera de las organizaciones que protegen los derechos de autor y la propiedad intelectual, y que de nuevo siguen sin saber adaptarse al mercado.
