El Open Source y los formatos abiertos están en auge en administraciones públicas y gobiernos de todo el mundo. No pasa una semana sin que se conozca un nuevo pequeño o gran paso en esa dirección, normalmente, bajo premisas como ahorro, independencia o interoperabilidad. Hay muchos ejemplos.
Ayer mismo nuestros compañeros de MuyComputer se hacían eco de cómo la ciudad francesa de Toulouse ahorra un millón de euros con LibreOffice; la semana pasada, la noticia de calado os la dábamos en estas páginas, y es que cuando Reino Unido elige ODF como formato estándar para documentos oficiales, es una noticia de calado, por supuesto, arropada por un ahorro de muchos millones de libras (aunque para ser correcto, esa solo era una de las consideraciones expuestas por las autoridades británicas).
Si nos remontamos un par de semanas atrás, la noticia nos tocaba un poco más de cerca (bueno, a quienes nos lean desde España), a pesar de que se repite cada año simplemente actualizando el «contador»: la Generalitat Valenciana ahorra 1,5 millones de euros al año gracias a LibreOffice, lo que deja la cuenta en estos momentos en unos 36 millones de euros desde 2005 (todo en una Comunidad salpicada de escándalos de corrupción política y acusada por la Comisión Europea de falsear sus cuentas.).
En resumen, el Open Source se va abriendo paso en administraciones públicas de todo el mundo de manera lenta pero constante, lo que es una gran noticia por sí solo. Sin embargo, mientras que en Europa la vitola a enarbolar solo parece ser la del ahorro que tan bien viene en épocas de crisis, en América Latina, en países como Ecuador, Uruguay, Venezuela o Argentina, el discurso incide especialmente en la soberanía tecnológica.
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